Por: Alejandro Segura Loarte

El 8 de Marzo pasado se celebró el Día Internacional de la Mujer. Memorable ocasión que no podría pasar desapercibida por su servidor y aprovechar para comentar sobre la situación de la mujer y la violencia en México.

Durante el II Foro de Sexualidad, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a inicios de febrero de este año, se dio a conocer que en ese país el 52% de las mujeres que sufren agresiones físicas, también son maltratadas sexual y sicológicamente por su pareja. Incluso, el Director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México afirmó que más de la tercera parte de los casos de abuso físico se refieren a agresiones de tipo sexual, y que la violencia física en las relaciones de pareja usualmente vienen acompañadas de amenazas de tipo sicológico, según los estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Dicho funcionario agregó además que las principales causas de la violencia contra la mujer son, entre otras, no obedecer al varón, contestarle mal, no tener la comida preparada a tiempo, no atender de manera adecuada a los hijos o al hogar, preguntarle por cuestiones de dinero o sentimentales, salir sin permiso de la pareja, negarse a sus exigencias sexuales y sospechas sobre infidelidad de la mujer. Precisándose que esos comportamientos pueden darse en agresiones físicas (abofetear, golpear con los puños y patear, hasta asesinar), maltrato síquico (intimidación, humillación), abuso sexual (relaciones sexuales forzadas o violentas, coacción íntima) y otras actitudes dominantes por parte del varón (aislarla de su familia y amigos, vigilar sus movimientos y restringir su acceso a la información o asistencia).

La violencia contra la mujer en México, en su forma pública, quizás está representada impopularmente por lo que sucede en Ciudad Juárez y Chihuahua en donde, desde hace más de diez años, se vienen produciendo raptos, desapariciones, abusos sexuales y asesinatos en serie de mujeres. Las autoridades han manifestado conocer tan sólo 70 casos, sin embargo para diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, el número real de estos superarían los 400. Amnistía Internacional ha registrado cerca de 370 homicidios de mujeres, de los cuales como mínimo 137 serían asesinatos con violencia sexual, y además aún se encuentran sin identificarse 75 cuerpos, algunos de los cuales podrían ser de mujeres reportadas como desaparecidas.

A esto se suma el hecho que el discurso público de las autoridades reflejaba una clara discriminación hacia las víctimas, a quienes en más de una oportunidad se les culpó de su desaparición y asesinato debido a su forma de vestir o por trabajar de noche. A todo esto, Amnistía Internacional ha documentado retrasos sin alguna justificación válida en las investigaciones preliminares, cuando las posibilidades de encontrar a la víctima viva e identificar a los presuntos autores eran mayores, así como una falta de seguimiento a las pruebas o declaraciones de testigos que podrían ser relevantes. De otro lado, los exámenes forenses que se practicaron para la identificación de las víctimas han sido inadecuados, proporcionado información contradictoria e incorrecta a las familias sobre la identidad de los cuerpos. Las irregularidades también pasan por la falsificación de pruebas e inclusive la presunta utilización de métodos de tortura por los agentes de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua para obtener confesiones de culpabilidad. Así mismo, se ha cuestionado la calidad de las investigaciones y la presunta falta de garantías e impunidad en los procesos judiciales (tan sólo hay 1 sentencia condenatoria por el homicidio de una joven y existen 18 detenidos esperando sentencia). La falta de esclarecimiento de estos asesinatos ha generado especulaciones sobre sus posibles responsables, llegando incluso a considerárseles como “protegidos” (narcotraficantes, miembros del crimen organizado, personas residentes en los Estados Unidos), y sobre las posibles motivos de los asesinatos (comercio ilegal de material pornográficas, ritos satánicos, tráfico de órganos).

La comunidad internacional también tomó atención sobre estos crímenes, cuando la Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó e informó sobre la situación de la mujer en Ciudad Juárez y Chihuahua. Lo que generó que las autoridades moderarán sus respuestas a la opinión pública, pero manteniendo su postura de que esos homicidios no eran crímenes en serie. En 1998 se creó la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres (FEIHM), la cual tampoco habría contribuído en la eliminación de los crímenes. Por su parte, las autoridades federales habrían estado al margen de las investigaciones bajo el argumento que esos asesinatos no eran delitos federales y que, por lo mismo, las autoridades del Estado de Chihuahua eran competentes para conocer y resolver estos; sin embargo, recién a partir del 2003, la Procuraduría General de la República comenzó a pronunciarse sobre varios de estos casos bajo el fundamento que aquellos presentarían elementos federales.

Finalmente, se ha cuestionado a las autoridades la falta de diligencia debida para evitar y penalizar estos crímenes, lo cual supondría una violación de pactos internacionales como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como la Convención do Belem de Pará. Así mismo, la violencia contra la mujer en México, tal como se manifiesta en los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua, no solamente sería una forma de discriminación sino que además implicaría violaciones al derecho a la vida, la integridad física, la libertad, la seguridad y la protección judicial previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estos instrumentos internacionales reafirmarían el compromiso del Estado Mexicano para clarificar la verdad, administrar justicia y proporcionar a las familias de las víctimas una reparación acorde con el daño causado, aún cuando los derechos de las víctimas han sido vulnerados por particulares; no dejándose impune estos actos criminales.

Marzo 08, 2005

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