En mayo del 2005 se conoció el caso de Scott Tyler, un ciudadano del Reino Unido quien vivió más de cincuenta años como residente permanente en Canadá y que fue luego deportado del país. Esta noticia debe servir de ejemplo para los miembros de la comunidad Latinoamericana, quienes teniendo la posibilidad de naturalizarse como canadiense, prefieren mantenerse con el estatus de residentes permanentes.

La ciudadanía canadiense, a diferencia de la residencia permanente, concede una serie de derechos que se encuentran en la Ley de Constitución (Constitution Act) de 1982. La citada ley, en su Parte I referida al Capítulo Canadiense de los Derechos y Libertades, consagra, entre otros derechos, que “cada ciudadano de Canadá tiene el derecho de entrar, permanecer y salir del Canadá”, agregando que “cada ciudadano de Canadá y cada persona quien tiene el estatus de residente permanente de Canadá tiene el derecho de desplazarse y sentar residencia en cualquier provincia” (art. 6, nums. 1 y 2).

Tanto al ciudadano canadiense, como al residente permanente en Canadá, se le confieren el derecho de permanecer en el país. Sin embargo, hay que concordar estas disposiciones con lo establecido en la sección 2(1), 27(1) y 46(1) de la Ley de Migración y Protección del Refugiado (Immigration and Refugee Protection Act - IRPA) relativas a la residencia permanente. Dichas normas disponen que un residente permanente es una persona que ha adquirido ese estatus y que no la ha perdido por haber entrado en fuerza una orden de salida (deportación) en contra suya, entre otras situaciones. Un ciudadano canadiense, por otra parte, no podría recibir una orden de salida del país. Además, el ser ciudadano canadiense confiere el derecho a elegir y ser elegido.

De otro lado, el 18 de abril del 205, el Ministro de Migración y Ciudadanía, Hon. Joe Volpe, anunció la ejecución de ciertas medidas para el mejoramiento de la política migratoria canadiense, concordante con su plan de seis puntos presentado en Enero del 2005, para dirigir las asuntos críticos en los programas de ciudadanía y migración.

Se anunció la inversión de $69 millones en los próximos dos años con el propósito de restaurar los tiempos de procesamiento a un promedio de doce meses para garantizar la ciudadanía y cuatro meses para una prueba de ciudadanía. El propósito es acelerar los procesos que, en la actualidad, demandan hasta dos años de procesamiento.

Canadá, al igual que Australia y Estados Unidos, cuenta con un examen de suficiencia del idioma oficial y conocimiento del país en sus programas de naturalización, así como una excepción automática de este requisito dependiendo de la edad del solicitante y el tiempo que ha permanecido en el país. En la búsqueda de mejorar el programa de ciudadanía canadiense -haciéndolo comparativo al australiano y norteamericano- se ha anunciado la reducción de la edad para beneficiarse de la excepción automática (de 60 a 55 años); por lo que, a partir del anuncio ministerial, a esos solicitantes de ciudadanía no se les evaluaría la suficiencia del idioma oficial y el conocimiento del Canadá.