Amnistía, regularización, legalización, etc. son términos que hacen referencia de alguna manera al hecho de otorgar estatus legal a migrantes indocumentados, popularmente conocidos como “ilegales” o “indocumentados”.
Al ser Canadá un país de destino para el tráfico de migrantes -dadas sus oportunidades económicas y sociales- éste no está exento de personas sin estatus. La Real Policía Montada del Canadá (Royal Canadian Mountain Police - RCMP) estima que anualmente ingresan ilegalmente al país 2,200 personas tan solamente desde los Estados Unidos. Sin embargo, en vista que una persona que ingresó legalmente al Canadá también puede volverse indocumentado, no existen cifras oficiales sobre los ilegales en el país. No obstante, se calcula que habrían alrededor de 50 a 200 mil personas sin estatus en Canadá, y que el 50% estarían viviendo en Toronto. Una persona puede convertirse en indocumentada cuando, por ejemplo, su solicitud de refugio fue rechazada y no ejecutó ningún proceso de revisión o apelación de su caso, a través del cual se le reconociere un estatus legal; también puede convertirse en ilegal cuando ingresó con una visa de visitante (turismo), permiso de trabajo o visa de estudios y éste ha expirado sin que la persona haya efectuado una renovación de la misma.
Las personas indocumentadas son empujadas a formar una subclase de individuos vulnerables a diversos tipos de abusos, y con menos derechos o sin la capacidad de ejercer sus derechos humanos inherentes. Una amnistía permite a la persona que se encuentra indocumentada aplicar por un estatus legal sin temor a la represión en su forma de detención o deportación, y bajo criterios planteados por el gobierno. El estatus legal es pues importante dado que le permite a la persona indocumentada un rango de derechos (acceso a la educación pública, seguro de desempleo, sindicalización, etc.).
Los programas de regularización ejecutados por Canadá han tenido diferentes criterios de eligibilidad y aceptación, tales como el tiempo de residencia del indocumentado en el país, la carencia de antecedentes criminales por parte de éste, el número de miembros indocumentados que componen la familia, la tenencia de un trabajo y patrimonio, el país de origen del indocumentado, la integración del mismo en la sociedad Canadiense y su condición física (salud).
Desde 1960 a la fecha, Canadá ha ejecutado ocho programas de regularización:
- Chinese Adjustment Statement Program, de 1960 a 1972, dirigido a los Chinos que ingresaron al Canadá antes del año 1960 sin tener documentos y haciéndose pasar por otra persona. Alrededor de 12,000 personas fueron regularizadas.
- Section 34 & the Immigration Appeal Board Act, de 1986 a 1973, dirigido a todos los que estaban viviendo en Canadá sin estatus legal migratorio; teniéndose como criterio que la persona debía de haber recibido una orden de deportación. Se estima que cerca de 13,000 personas fueron regularizadas a través de este programa.
- Adjustment of Status Program, de Agosto a Octubre de 1973, también estuvo dirijido a todos los que se encontraban viviendo en Canadá sin un estatus legal. En esa oportunidad se tuvo en consideración criterios de residencia, estabilidad económica, relación familiar, y razones humanitarias. Se calcula que 39,000 personas fueron regularizadas.
- Special Regularization Program for Haitians Residing in Quebec, de 1981, para los Haitianos que estaban viviendo en Quebec. Se consideró que el solicitante tuviere documentos de identificación válidos, y tuvieron que pasar un chequeo de seguridad y criminalidad. Alrededor de 4,000 personas fueron atendidas.
- Minister’s Review Committee, de 1983 a 1985, para todos aquellos que estuvieron viviendo en Canadá sin estatus por 5 años o más, teniéndose en cuenta el criterio de que la persona debía estar exitosamente establecida e integrada en el país, y carecer de antecedentes criminales. No se cuenta con una cifra total conocida, pero se estima que fueron casi 1,000 personas beneficiadas bajo este programa.
- Deferred Removal Orders Class (DROC), de 1994 a 1998, para los solicitantes de refugio a quienes se les habían resuelto negativamente su caso 3 años antes del programa. Muchas personas de China y en menor número de Irán se vieron beneficiadas. Se estableció el pago de unos derechos de tramitación ($500 para adultos y $100 para menores). Personas que tenían record criminal, estaban en asistencia social (welfare), una seria condición médica o constituían un riesgo para la seguridad no fueron elegibles. 3,000 personas fueron favorecidas.
- Special Regularization Procedure for Algerians Residing in Quebec, del 2002, para los solicitantes de refugio de Algeria quienes habían perdido su caso de refugio. Las condiciones fueron de que tenían que vivir en Quebec y no haber dejado Canadá por ningnua razón desde el 2002, además de haberse integrado satisfactoriamente dentro de la sociedad de Quebec. Más de 900 personas se regularizaron.
- Humanitarian and Compassionate Applications (H&C), 2002 al presente, dirigido para todos los que viven en Canadá sin estatus legal. El más importante hecho que la persona debe demostrar para que su solicitud tenga éxito es que ésta enfrentaría una excesiva privación si tuviere que regresar a su país. Además se tiene en cuenta si la pesona se ha integrado a la sociedad Canadiense, trabaja y tiene una situación económica estable, participación comunitaria, manejo del inglés o francés; existen derechos de tramitación ($550 para adultos y $150 para menores). No se tiene una cifra conocida sobre el éxito de esta solicitud con las personas indocumentadas. Sin embargo, se sabe que la baja tasa de aceptación, del 5%, de estas solicitudes para todos los casos en general y no solamente para los casos de personas sin estatus no la hacen recomendable, a lo cual habría que sumarle que si bien una persona sin estatus puede presentar dicha solicitud, ésta no libra de que las autoridades inicien todo el proceso de deportación antes de que se resuelva la mencionada solicitud, y lo envíen de regreso a su país de origen.
A estos programas de regularización habría que agregarle un par de programas: El Administrative Review de 1986 basado a la decisión de la Corte Suprema de 1985 y el Backlog Regulations del año 1988; ambos programas combinados procesaron alrededor de 150.000 casos.
El Ministro de Ciudadanía e Inmigración del Canadá, Hon. Joe Volpe, ha manifestado su intención de revisar la situación de los casi 10,000 indocumentados que trabajan informalmente en el sector de la construcción; quien además ha expresado que estas personas indocumentadas no solamente se encuentran en el sector de la construcción, sino en otros sectores como la manufactura. Además, el ministro Hon. Volpe habría señalado que si bien una amnistía no sería el mejor recurso para dar una salida favorable a la situación en la que se encuentran los indocumentados, es tiempo de resolver la misma en el contexto demográfico y económico del país.
El 19 de Enero del 2005, Joseph S. Mancinelli, vicepresidente internacional de Laborers’ International Union of North America (LIUNA) para el centro y este de Canadá, habría dirigido una carta al Ministro de Inmigración y Ciudadanía con tres recomendaciones relativas a los trabajadores indocumentados de la construcción. Esas recomendaciones habrían sido:
1) Que estos trabajadores comiencen a pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos por su trabajo en la construcción, así como la recaudación de esos impuestos por parte del gobierno. El objetivo de transfondo sería garantizar el pago mínimo del salario para estos trabajadores, quienes actualmente reciben ingresos por debajo de este límite por su situación ilegal.
2) Promover una moratoria sobre los casos de deportación de estos trabajadores, a fin que puedan presentar una solicitud de residencia permanente bajo el patrocinio de la Laborers’ International Union of North America (LIUNA); sindicato que actuaría como una entidad para-administrativa del gobierno ofreciendo apoyo en el proceso de registro y control de estos trabajadores.
3) La sanción de aquellos empleadores o agencias de empleos que hubieren cometido abusos de tipo laboral contra estos trabajadores.
Por su parte, el Concejal Municipal del Distrito 17 de Davenport, César Palacio, propuso una moción para que la ciudad de Toronto pida al Ministerio de Ciudadanía y MIgración una amnistía para los ilegales que trabajan en la construcción; así mismo, la coalición STATUS, que agrupa a representantes de diferentes sectores comunitarios que trabajan con inmigrantes, trabajó el marco legal y los principios de un programa de regularización para todas las personas sin estatus migratorio, independientemente de si trabajan o no, el cual se encontraría en una etapa de afinamiento para su posterior promoción en los diferentes niveles del gobierno y la opinión pública.
LINEA TELEFONICA PARA ILEGALES DE LA CONSTRUCCION
En diversos medios de comunicación de Toronto apareció un anuncio de la Univerrsal Wrokers Union, la misma que agremia a los trabajadores de la construcción (en los que también se encuentran las personas sin estatus, ilegales), haciendo saber de que han contratado a la firma Inkster Group para investigar los actos de corrupción, fraude y explotación de algunos de sus miembros en el Local 183 de dicha unión sindical, filial en Canadá de Labourers' International Union of North America (LIUNA), así mismo hace saber que se ha puesto una línea telefónica en Toronto para recoger los reclamos de sus agremiados, sean legales o ilegales (sin estatus, indocumentados) para denunciar cualquier tipo de abuso cometido por el Local 183. A continuación les transcribo el aviso en español para aquellas personas quienes pudieren estar interesadas en alcanzar sus quejas contra este local sindical.
"ATENCION TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION TRABAJANDO EN LA JURISDICCION DEL LOCAL 183
Si usted está afiliado o trabaja para alguien afiliado con la Local 183, y le han sido negados sus beneficios del sindicato, pago de vacaciones o el pago de hora dictado en el convenio laboral, y dese reportar su caso, por favor llame al:
( 416) 843-2002
Esta línea es confidencial y es administrada por lafirma Inster Group, que está efectuando lainvestigación en los asuntos de la Local 183, dirigida por el abogado del Consejo General Ejecutivo de Canadá, Sr. Ron Pink."